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lunes, 28 de mayo de 2012

Donde mueren las palabras. Por Horacio Verbitsky

LA IGLESIA RECONOCE LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO SOBRE EL ASESINATO DE LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

El Episcopado confirmó ante la Justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de ese año. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa guardan silencio.

La Iglesia Católica confirmó por primera vez ante la Justicia que por lo menos desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública, y que sus máximas autoridades discutieron con el jefe supremo de la dictadura cómo manejar la información sobre esos crímenes. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de 1978, luego de un almuerzo del que participaron los tres miembros de la Comisión Ejecutiva que conducía a la institución. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa siguen guardando un escandaloso silencio.

La cuestión de las listas

La judicialización del documento eclesiástico se produjo en la causa abierta para determinar lo sucedido con los restos de Roberto Santucho, a pedido de su familia, representada por el abogado Pablo Llonto. Santucho fue abatido por una partida del Ejército el 19 de julio de 1976 y su cuerpo exhibido a la prensa en Campo de Mayo, pero luego desapareció sin explicaciones. A raíz de la confesión de Videla a un periodista español y otro argentino sobre el asesinato de los detenidos-desaparecidos, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, a cargo de esa causa, citó a declarar al ex dictador.
CONTINÚA: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194987-2012-05-27.html


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